El encargado de llevar adelante las privatizaciones que promueve el Gobierno, Diego Chaher, admitió que busca la forma de que si una futura administración quiere reestatizar las empresas «le salga carísimo al país», y que conlleve «penalidades internacionales».
Así lo señaló el funcionario titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas en el marco del proceso de concesión de diversas empresas públicas que Javier Milei busca llevar a cabo desde su asunción.
“Estamos madurando las condiciones previas para que, si alguien quiere venir a reestatizar AySA, por ejemplo, le salga carísimo al país y tenga que enfrentar penalidades internacionales”, reconoció Chaher en diálogo con Infobae.
En el mismo sentido, el funcionario privatizador agregó: «No queremos golondrinas. Buscamos inversiones genuinas que sepan de lo que estamos poniendo a disposición para que sean procesos irreversibles”. “No es una crítica, es la realidad: nuestra consigna es llegar a la entrega al privado con un esquema que sea irreversible y sostenible en el tiempo”, insistió Chaher.
Además, señaló que “el Presidente marcó que el Estado se tiene que retirar de todas las empresas. El objetivo es vender todo. Todas», ya sean grandes y conocidas, o más pequeñas y menos visibles. Pese a ello, la lista de empresas «sujetas a privatización», según lo determinado por la Ley Bases, se limita a 8 firmas estatales.