Según datos de cámaras empresariales y el Instituto Interdisciplinario de Economía Política, la flota de colectivos en el AMBA se redujo un 40%, arrastrando consigo miles de empleos genuinos. Mientras el Gobierno celebra el recorte de subsidios, la falta de unidades y el deterioro operativo configuran un escenario de desguace que deja a los trabajadores en la calle.
El modelo de «sinceramiento» económico aplicado por el Poder Ejecutivo está transformando el mapa de la movilidad urbana en un desierto operativo. La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) reveló que la desaparición de 2.359 unidades entre 2019 y 2026 derivó directamente en la pérdida de 5.300 puestos de conducción. Esta sangría laboral es la consecuencia directa de una estructura de costos asfixiada: el Gobierno calcula subsidios con un combustible a $1.744, cuando en la realidad las empresas ya pagan más de $2.100 por litro, una brecha que torna inviable la prestación básica del servicio.
La asfixia presupuestaria no solo afecta al empleo, sino que marca el fin de la previsibilidad para las empresas del sector. Con una caída del 34% en términos reales de las compensaciones estatales desde 2023, la gestión de Javier Milei ha delegado la sostenibilidad del sistema únicamente en el bolsillo del usuario. Pese a que las tarifas acumularon un incremento estratosférico del 1.668% hasta abril de 2026, el sistema sigue desfinanciado, demostrando que el aumento de boletos solo sirvió para cubrir el bache dejado por la deserción del Estado, sin mejorar la frecuencia ni garantizar la estabilidad de los miles de conductores que hoy temen por su futuro.