Detrás del discurso de la «eficiencia fiscal» y la oleada de retiros que acaba de diezmar al INTA en Catamarca, se esconde una agresiva ofensiva sobre los activos físicos de la institución. La ingeniería de ajuste —coordinada por el tándem económico de Luis Caputo y Federico Sturzenegger, con la complicidad de las autoridades del área agropecuaria— apunta a recortar la plantilla hasta alcanzar los 1.200 despidos. Sin embargo, el verdadero trasfondo de la maniobra radica en el millonario patrimonio inmobiliario del organismo: el Ejecutivo pretende rematar casi la mitad de las 101.500 hectáreas que el instituto posee en todo el territorio nacional.
Para justificar la privatización de 47.500 hectáreas, la narrativa gubernamental alega una supuesta falta de explotación o problemas de acceso en dichos campos. Esta versión oficial fue categóricamente desmentida por informes de la Asociación de Productores de Siembra Directa (AAPRESID), que confirmaron que el organismo científico aprovecha la totalidad de sus tierras. Ante esto, el gremio y diversos sectores técnicos denunciaron que el desguace responde a un negocio de «devolución de favores» orientado a desarrolladores inmobiliarios y corporaciones amigas del poder que financiaron la llegada de la gestión libertaria, transformando el patrimonio de la ciencia argentina en un botín comercial.