El debate por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, el «Súper RIGI», volvió a dilatarse en el Senado. No es un trámite parlamentario más: es el corazón del modelo de la gestión libertaria, el mecanismo que Javier Milei diseñó para entregar a las multinacionales, por décadas, los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios que se le niegan a la economía real. Que la discusión se trabe, incluso dentro de un oficialismo que se presume invencible, desnuda la fragilidad de un proyecto que avanza a los empujones mientras el ajuste se cobra víctimas en el consumo popular.
Para destrabar la demora, el secretario de Energía, Carlos Guberman, concurrirá a un plenario de comisiones a responder las dudas de los dialoguistas. La jugada es explícita: contener el voto de los aliados, que esta vez no se alinean con la obediencia de siempre. En el oficialismo confían en que el proyecto tendrá dictamen la próxima semana, un apuro que contrasta con la lentitud infinita que la gestión libertaria reserva para las urgencias de la economía real, todavía asfixiada por la recesión que arrasa el consumo popular.
El dato político de fondo es el contraste entre dos velocidades. Para el «botín» de las grandes inversiones, el Ejecutivo nacional moviliza funcionarios y presiona el recinto; para la producción bonaerense, motor productivo golpeado por la asfixia de Nación, solo hay un desplome inducido que el relato oficial insiste en disfrazar de «recuperación en V». El Súper RIGI no es una herramienta de desarrollo: es una garantía de rentabilidad blindada para el capital extranjero, en un país donde la pyme y el trabajador pagan el costo del ajuste.
La proyección no es alentadora para quienes creen en una economía con trabajo y consumo. Si el oficialismo logra el dictamen la próxima semana, habrá impuesto, con el voto prestado de los dialoguistas, la entrega de recursos estratégicos a cambio de la promesa de inversiones que rara vez llegan a la economía real. La resistencia que hoy dilata el debate es la evidencia de que, incluso dentro del bloque oficialista y sus aliados, el vaciamiento empieza a tener costo político.