El gobierno de Javier Milei ha decidido cruzar un rubicón que ni las gestiones de Menem ni la de Macri se atrevieron a traspasar: la eliminación del sindicalismo como actor político y social. A través de un proyecto de 197 artículos, el oficialismo no busca «modernizar», sino pulverizar la estructura de resistencia gremial. Bajo la tutela técnica de Federico Sturzenegger y la muñeca política de Patricia Bullrich en el Senado, la administración libertaria pretende vengar fracasos del pasado mediante una ley que asfixia financieramente a las organizaciones y descentraliza las paritarias para dejar a los trabajadores a merced del poder empresarial.
La respuesta de la calle no se hará esperar. La convocatoria de la CGT y las dos CTA hacia Plaza de Mayo no es solo una marcha más; es un test de supervivencia. En el edificio de la calle Azopardo se respira un clima de «pintarse la cara». Los líderes sindicales entienden que el proyecto de «flexibilización» es una declaración de guerra que prohíbe de facto el derecho a huelga y promueve la competencia desleal entre compañeros. Como en los años más oscuros, el sindicato y las comisiones internas se ven forzados a ser el último dique de contención frente a un presidente que, tras décadas de ser empleado del poder económico, ahora utiliza el aparato del Estado para devolver favores a sus antiguos patrones.