El ahogo tarifario no solo destruye el poder de compra de los asalariados, sino que asfixia a los comercios de barrio, atrapados entre costos fijos desorbitados y un desplome del consumo local.
El modelo económico actual continúa sumando luces de alarma para el entramado productivo nacional. Los datos provistos por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) señalan una contracción del 2,5% en las ventas minoristas de las pymes a lo largo de 2026. Esta recesión comercial prolongada es la contracara del monumental ajuste tarifario diseñado por el Palacio de Hacienda: el dinero que antes circulaba en los comercios de cercanía hoy se desvía íntegramente a financiar las abultadas boletas de las prestadoras de servicios energéticos y de transporte.
Para los pequeños comercios, el golpe es doble. Por un lado, deben hacer frente a incrementos en el transporte de cargas que, según el IIEP de la UBA, lideró las subas con un incremento interanual del 75%. Por el otro, sufren la evaporación de su clientela habitual, cuyo poder adquisitivo disponible se encuentra diezmado. La desregulación de las tarifas públicas ha funcionado como un gigantesco aspirador de recursos que succiona los ingresos del sector privado productivo para transferirlos a sectores altamente concentrados de servicios públicos monopolizados.
Lejos de una normalización de la economía, el panorama comercial en los barrios se deteriora mes a mes. Mientras el Gobierno nacional argumenta que la inflación de junio perforaría finalmente el 2% mensual para exhibir un logro de gestión, las pymes comerciales e industriales se ven forzadas a reducir sus márgenes al mínimo o directamente bajar sus persianas debido a una estructura de costos fijos que se volvió sencillamente inviable. Sin mercado interno que sostenga la actividad, el declive de las ventas minoristas amenaza con consolidar un escenario de parálisis económica generalizada.