La promesa duró lo que dura el relato. Javier Milei juró eliminar los fondos fiduciarios apenas asumiera, pero la realidad desnuda otra cosa: 27 de esos fondos siguen vigentes y la mayoría está bajo el paraguas del ministro de Economía, Luis Caputo, que acumuló más de US$ 3 mil millones para uso discrecional. Lo que se vendió como una cruzada contra la «caja de la política» terminó convertido en un botín propio de la gestión libertaria, administrado sin control legislativo y a espaldas de la economía real.
Entre los fondos que siguen operativos están los que financian infraestructura estratégica: el del Sistema de Infraestructura del Transporte, el destinado a la Infraestructura Hídrica y el referido a los Subsidios de Consumos Residenciales de Gas. No es un detalle menor: son justamente las áreas que el ajuste arrasa cuando la actividad productiva se desploma. Mientras el Ejecutivo nacional pregona la recuperación en «V» y la austeridad, retiene una caja millonaria que debería volcarse a la obra pública, al agua y al gas de los hogares y que, en los hechos, queda librada a la discrecionalidad del Palacio de Hacienda.
La denuncia de la oposición expone el fracaso del relato oficial: no hay transparencia ni austeridad, hay vaciamiento de las herramientas del Estado y concentración de recursos en manos de un solo funcionario. Para la Provincia de Buenos Aires, motor productivo del país, la lectura es directa: cada peso que se acumula en esos fondos sin ejecutarse es una obra de transporte o de infraestructura hídrica que no llega, un subsidio de gas que se recorta y un golpe más al consumo popular.
De cara a lo que viene, la pregunta es para qué acumula Caputo esos más de US$ 3 mil millones si el plan, según el relato, era eliminar los fondos. La respuesta que se insinúa es que la gestión libertaria no achicó el Estado: se quedó con la llave de la caja. Y mientras la economía real asfixia a las familias bonaerenses, el modelo se asegura recursos millonarios sin rendir cuentas a nadie.