La negativa de los funcionarios del Gobierno de Javier Milei a comparecer frente a la comisión investigadora del Congreso que sigue la causa libra, junto a la posibilidad de que el Presidente judicialice la insistencia contra el veto de leyes, abre un conflicto prácticamente sin antecedentes entre los tres poderes del Estado.
¿Puede el Gobierno desoir las citaciones del Congreso? ¿Puede la Justicia definir lo que la política no resuelve?
En diálogo con Palabras más, palabras menos, por LA CIELO 103.5 FM, el abogado constitucionalista Pedro Caminos aclaró los límites, en algunos casos bastante taxativos, que la Constitución le impone a cada uno de los poderes para garantizar el funcionamiento del sistema republicano.
Respecto del caso $Libra, Caminos explicó que las comisiones investigadoras “tienen amplios poderes para recabar prueba, lo cual incluye citar personas para que rindan testimonio”. Pero advirtió sobre el límite: “Ha habido antecedentes que quizás no son sanos para una democracia, en los cuales estas comisiones ejercieron el uso de la fuerza pública sin recurrir a un juez”.
Sobre los funcionarios, Caminos señaló que solo casos excepcionales, como el presidente, pueden responder por escrito. El resto —incluida la Secretaría General de la Presidencia— “están en principio obligados a comparecer ante la comisión”. Si no lo hacen, la vía es una denuncia por desacato, que debe tramitar la Justicia.
Guerra de vetos
El constitucionalista también cuestionó la idea de que Milei pueda judicializar leyes aprobadas en el Congreso, como la de emergencia en discapacidad, luego de que fueran vetadas y repuestas por el Poder Legislativo mediante el mecanismo de insistencia.
“El Congreso no rechaza un veto, insiste en la sanción de la ley. Y la ley pasa a su promulgación sin que el presidente pueda oponerse”, explicó. Y fue categórico: “No está pensada la Constitución para que un presidente pueda incumplir las leyes que no le gustan”.
Para Caminos, el único margen judicial sería objetar defectos formales, como la falta de quórum. Pero en la sesión señalada hubo mayoría e incluso senadores oficialistas presentes. “Aun si fueran legisladores cercanos al Gobierno los que presentaran una acción, no tendría cabida”, concluyó.
Así, el choque entre el Ejecutivo, que busca blindarse en medio del escándalo Libra, el Legislativo, que intenta investigarlo, y un Poder Judicial llamado a dirimir los límites, configura una de las tensiones institucionales más fuertes de la era Milei.