El sistema de atención a las personas con discapacidad atraviesa una situación crítica. La presidenta de Prestadores de Discapacidad Unidos, Marcela Kriskovich, denunció atrasos de hasta tres meses en los pagos por parte de las obras sociales, recortes en las terapias y la interrupción en la provisión de remedios básicos para los beneficiarios, tanto en Corrientes como en el resto del país.
La dirigente cruzó las recientes declaraciones del presidente Javier Milei, quien sugirió que las protestas del sector respondían a intereses políticos. “Yo no soy ni kuka ni radical ni nada por el estilo, porque a la gestión anterior le puse 15 días de carpa. Acá es porque se vulneran derechos”, retrucó, y le preguntó al jefe de Estado si “podría vivir cobrando con 90 días de atraso”.
Kriskovich también respondió a las afirmaciones de funcionarios nacionales sobre auditorías a las pensiones por invalidez. Coincidió en la necesidad de controlar con transparencia los beneficios, pero remarcó que las pensiones por discapacidad exigen certificar un 90% de invalidez laboral, lo que vuelve infundadas las sospechas generalizadas sobre el padrón de beneficiarios.
El detalle operativo es más grave. Según la referente, el programa Incluir Salud registra un freno en la entrega de medicamentos esenciales, recortó el cupo de sesiones terapéuticas autorizadas y mantiene en lista de espera de alta a personas con pensiones no contributivas ya asignadas.
La crisis se profundizó tras la renuncia del superintendente de Servicios de Salud, Claudio Stivelman, que sumó incertidumbre sobre los recursos del Fondo Solidario de Redistribución. “Renuncia en momentos que son claves y no deben ser por problemas personales, sino porque capaz no concordaba con lo nuevo que proponen desde la Nación”, planteó Kriskovich.
Frente a la parálisis institucional, las organizaciones entregaron un informe técnico a asesores de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados. En el documento pidieron votar la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad para evitar vacíos legales e impedir el colapso de las prestaciones médicas y asistenciales a fin de año.
“Si no se toman medidas, el prestador lo único que va a hacer es atender a aquel que puede pagar”, advirtió la dirigente, que confirmó una movilización para este jueves 15 a las 10.30 frente al Congreso de la Nación.