El Gobierno Nacional ha puesto en marcha una maniobra de dilación institucional para proteger el polémico DNU 941/2025. Aprovechando el receso veraniego, la Casa Rosada planea agotar el plazo legal que vence este jueves 15 para entregar el texto al Congreso, mientras bloquea en paralelo la conformación de las comisiones que deberían revisarlo. Esta táctica busca enfriar el rechazo de un arco político que, desde el kirchnerismo hasta sectores del bloque Unidos y la Coalición Cívica, ve con alarma cómo la Secretaría de Inteligencia recupera atribuciones punitivas, como la capacidad de detener personas sin orden judicial, que se creían desterradas desde el retorno de la democracia.
La jugada oficialista de publicar la norma entre gallos y medianoches el pasado 31 de diciembre no fue casual. Al evitar el debate en sesiones extraordinarias, el Ejecutivo intenta consolidar un esquema donde más de 15 organismos públicos queden obligados a entregar datos personales de la población a la central de espías. Mientras el jefe de Gabinete y el entorno presidencial confían en que el tema quede eclipsado por la reforma laboral, la oposición ya advierte que, de no constituirse las comisiones, forzarán el tratamiento en el recinto apenas venza el plazo del 29 de enero, amparados en un rechazo que ya suma presentaciones judiciales por «invasión manifiesta de la materia penal».