El desastre ambiental que consume a la provincia de Chubut ha tomado un giro judicial que expone la desconexión entre el relato de la Casa Rosada y la realidad en el territorio. Carlos Díaz Mayer, fiscal a cargo de la causa, fue tajante al descartar las hipótesis de «terrorismo» o conflictos étnicos que el oficialismo nacional deslizó en días previos. Al ser consultado sobre la supuesta participación de la comunidad mapuche, el funcionario calificó la idea como «lo más alejado de la realidad», poniendo el foco en un ataque deliberado contra el patrimonio natural en un sitio de nula actividad humana, lo que sugiere una logística planificada más que un conflicto social.
Contradicciones y negligencia en la mira
Investigación técnica: La fiscalía utiliza geolocalización de antenas y cámaras para rastrear a los responsables que iniciaron el fuego el lunes 5 de enero en un paraje «en medio de la nada».
Urgencia de recursos: El gobernador Ignacio Torres reconoció la intencionalidad, pero la crítica se centra en la tardanza de una respuesta federal coordinada que pudo haber evitado que el fuego saltara de los primeros focos a las 12 mil hectáreas actuales.
El fantasma inmobiliario: Aunque el acceso al lugar es complejo, la justicia no descarta que el trasfondo de la quema sea la valorización de tierras para desarrollos futuros, una hipótesis que el poder político suele evitar para no chocar con intereses empresariales.