Electrolux Group, una de las principales firmas de electrónica del país y con 100 años de presencia en la Argentina, informó que cierra su planta en Rosario, donde trabajan unos 180 operarios. La compañía, que comercializa las marcas Electrolux y Gafa, pasará a un esquema de 100% de importación de sus productos.
El cierre rige a partir del 26 de septiembre. La empresa tiene 300 empleados en el país y se analizan unos 100 despidos, todos de la planta. En un comunicado, la firma atribuyó la decisión a “una revisión estratégica de sus operaciones en Argentina” y a la determinación de “evolucionar hacia un modelo de abastecimiento global, apoyado en la red internacional de producción del Grupo”.
El contexto en el que se produce el cierre no es menor: la empresa lo enmarca en una caída del consumo masivo y una apertura de las importaciones. Según NielsenIQ, el mercado argentino de Tecnología y Durables cayó alrededor de 3% en volumen en el primer semestre de 2026.
El de Electrolux no es un hecho aislado, sino el desenlace de un deterioro sostenido. En octubre de 2025, la empresa había dispuesto suspensiones para unos 400 trabajadores ante la caída de las ventas y la producción, mediante un esquema de suspensiones rotativas. En marzo de este año abrió un plan de retiro voluntario para 100 trabajadores: según la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), más de 130 operarios se anotaron antes de que venciera el plazo. De acuerdo con la información gremial, la firma ofreció el 100% de la indemnización calculada bajo el esquema anterior a la reforma laboral y sumó tres sueldos adicionales como incentivo. En ese momento, la fábrica operaba al 50% de su capacidad productiva.
“La compañía es consciente del impacto que esta decisión tiene en las personas involucradas. Por ello, llevará adelante este proceso con responsabilidad, respeto y cumpliendo plenamente con las obligaciones establecidas por la legislación vigente”, señaló la empresa, que afirmó mantener su “compromiso con Argentina”, donde opera desde hace 100 años.
El resultado, sin embargo, es concreto: una planta que se apaga, decenas de puestos de trabajo en riesgo y un cambio de modelo productivo que reemplaza fabricación local por importación. Para una economía que busca sostener el empleo industrial, cada cierre de este tipo reabre la discusión sobre el costo social de la apertura.