El Gobierno formalizó la venta de tres de los activos más importantes del sector energético. Mediante el Decreto 1107/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, se autorizó a la estatal Enarsa a desprenderse del 65,01% de sus acciones en la Termoeléctrica Manuel Belgrano (Campana, Buenos Aires) y del 68,83% de la José de San Martín (Timbúes, Santa Fe).
Las dos centrales mellizas no son un activo menor: combinadas, garantizan cerca del 10% de la demanda eléctrica de todo el país. La operación apunta a inyectar dólares frescos a la caja del Tesoro, con una recaudación proyectada superior a los US$ 800 millones.
El origen de esa estructura se remonta a 2004, cuando el Estado convirtió a las empresas acreedoras del mercado mayorista en socias minoritarias de nuevas usinas: a través del fondo Foninvemem canalizó esas acreencias hacia la construcción de plantas de ciclo combinado y retuvo el control mayoritario. Los fideicomisos que administraban Campana y Timbúes vencieron el 1° de junio, lo que allanó el camino legal para la privatización. La tercera central, Guillermo Brown, tendrá que esperar: como su fideicomiso vence el 30 de septiembre, Enarsa primero debe adueñarse formalmente de al menos el 70% antes de sacarla a licitación.
La venta es el segundo gran paso del Gobierno para salir del sector energético, después de desprenderse de su parte en Transener, por la que obtuvo US$ 356 millones, y de las concesiones de las hidroeléctricas del Comahue, que le dejaron otros US$ 707 millones.
El camino, sin embargo, no está despejado. Las plantas ya tienen dueños privados operando adentro —Pampa Energía, Central Puerto y AES— y el estatuto les otorga un derecho de preferencia: pueden igualar o mejorar cualquier oferta externa y quedarse con el control. A eso se suma la parte internacional: los pliegos definitivos todavía tienen que definir si el Gobierno incluye la cláusula “anti China”, que cerraría la puerta a cualquier empresa extranjera de capital estatal.
Tampoco hay certezas sobre el precio. Calcular cuánto van a generar estas centrales a futuro es una tarea complicada después de los últimos cambios en las reglas de pago del mercado eléctrico. Y, a diferencia de la ola privatizadora de los años 90, el decreto dejó afuera un detalle: los empleados de las usinas no tendrán la opción de acceder a un programa de propiedad participada.
El resultado, por ahora, es un retiro del Estado de la generación eléctrica: infraestructura que cubre una décima parte de la demanda del país pasa a manos privadas y el Tesoro suma una recaudación puntual.