La administración de Donald Trump ha dado un paso decisivo hacia la institucionalización de la injerencia externa en Venezuela. En declaraciones recientes a The New York Times, el presidente republicano evitó poner fecha de finalización a la «supervisión» militar y política que su país ejerce sobre el territorio venezolano, condicionando cualquier retiro a una «evolución» que Washington definirá unilateralmente. El trasfondo de esta tutela es netamente energético: la Casa Blanca planea utilizar las reservas locales para manipular a la baja los precios globales, mientras administra de forma discrecional los recursos financieros de un país al que el propio Trump describió como «desesperado por dinero».
La arquitectura de este control prolongado fue detallada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien presentó ante el Congreso un esquema de tres fases:
Estabilización: Una etapa de control militar para evitar el «caos», donde EE. UU. ya ejecuta el decomiso de buques petroleros.
Recuperación: Apertura forzada del mercado para que corporaciones estadounidenses y occidentales operen «de forma justa» en suelo venezolano.
Transición: Un horizonte difuso que, según advierten los críticos, podría extenderse por años mientras los recursos estratégicos fluyen hacia el Norte.
Mientras los republicanos celebran el acceso «rentable» al petróleo, crecen las alertas internacionales por una intervención que socava el derecho internacional y establece un precedente de administración colonial en pleno siglo XXI.