Tras el breve paréntesis electoralista de abril, la administración de Javier Milei retoma la senda recaudatoria, aplicando nuevos montos fijos por litro que impactarán directamente en el surtidor. La medida evidencia la dificultad oficial para sostener el equilibrio fiscal sin recurrir a los impuestos que alimentan la inflación.
La discrecionalidad vuelve a marcar el ritmo de los precios de la energía en Argentina. Mediante una publicación en el Boletín Oficial este jueves, el Gobierno nacional oficializó el fin del congelamiento impositivo que había regido durante el último mes. Según la Secretaría de Energía, la suba combinada del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono sumará un 0,5% de carga fiscal directa en mayo, aunque el traslado final dependerá de la decisión de las petroleras en un contexto de costos al alza.
Esta reactivación tributaria desmiente la narrativa de alivio fiscal sostenida por el Ministerio de Economía. Si bien el decreto establece postergaciones parciales de las deudas impositivas de 2024 y 2025 para el mes de junio, la realidad es que el Estado nacional vuelve a utilizar el precio de la nafta como una caja de emergencia. La normativa fija aumentos de hasta $10,398 para las naftas y montos específicos para el gasoil, confirmando que la tregua aplicada en abril fue apenas una maniobra temporal para maquillar los índices de precios tras el pico inflacionario de marzo.