La declaración de Arturo Béjamar, exdirectivo de Meta, desnuda la lógica con la que operan las grandes plataformas digitales: diseños deliberadamente adictivos que exponen a niños y adolescentes a contenidos de autolesión mientras maximizan el tiempo de pantalla y, con él, la facturación publicitaria. El exingeniero reveló ante La Mañanera que tanto Instagram como YouTube Kids incorporan mecanismos que generan dependencia y ponen en riesgo la salud mental de los menores, una denuncia que expone el vacío regulatorio en el que se mueven estas corporaciones.
El testimonio de Béjamar describe un ecosistema donde el algoritmo no discrimina entre contenido apto y material dañino: prioriza el engagement por sobre cualquier otra variable. «El modelo de negocios está construido sobre la atención, y la atención de un menor es la más rentable porque es la más manipulable», sintetizó el exdirectivo. La arquitectura de estas plataformas —notificaciones constantes, scroll infinito, contenidos sugeridos— replica patrones de diseño que la propia industria del juego utiliza para generar ludopatía.
El caso interpela directamente a los Estados nacionales y su capacidad —o voluntad— de poner límites a corporaciones que facturan más que el PBI de varios países juntos. Mientras en Europa avanzan regulaciones como la Digital Services Act, en la Argentina el debate sobre la protección digital de las infancias sigue relegado a un segundo plano. Sin controles efectivos ni sanciones disuasivas, el vaciamiento de la función reguladora del Estado deja a las familias libradas a su suerte frente a algoritmos diseñados para lucrar con la atención y la angustia.