La Reforma Laboral, puesta en marcha en marzo de 2026 con el objetivo oficial de “dinamizar la contratación registrada y promover la creación de empresas”, acumula un saldo negativo. Desde su entrada en vigencia se perdieron 36.000 empleos formales y cerraron 6.905 empresas, según la primera edición del Monitor de la Reforma Laboral elaborado por el Instituto Argentina Grande (IAG).
El deterioro viene de arrastre: según el IAG se acumulan 13 meses consecutivos de caída del empleo privado formal, con una pérdida total de 241.200 puestos desde el cambio de gestión en noviembre de 2023. Y no se concentró en actividades débiles: la destrucción alcanzó también a sectores considerados dinámicos, como la minería, el petróleo y la intermediación financiera. La tasa de entrada de trabajadores al mercado formal cayó hasta un piso de 1,6% del total de ocupados.
Como contracara, el mercado laboral mostró una mayor expansión de la informalidad. La desocupación se ubicó en 7,9% y la subocupación, en 11,5%. La informalidad laboral escaló al 45% de los ocupados, el nivel más alto de la serie histórica de la Encuesta Permanente de Hogares. El sector no registrado sumó 348.000 trabajadores en el último año, principalmente por cuentapropismo: hoy son más de 6 millones las personas que trabajan en la informalidad.
La dinámica empresarial acompaña el cuadro. Según el IAG, 31.342 empresas cerraron desde el inicio de la actual gestión, y solo en el último mes relevado se perdieron 709 firmas. El impacto fue especialmente fuerte entre las pymes: las compañías de entre 1 y 10 empleados se redujeron 6,8% y el 47% de los cierres correspondió a unidades de hasta 100 trabajadores. Por actividad, las mayores caídas netas se dieron en Comercio (8.758 empresas menos), Transporte y almacenamiento (6.915) e Industria (4.158).
El informe también cuestionó las herramientas de la reforma. “El aumento de los meses de prueba y el banco de horas no parecen haber sido suficiente ‘incentivo’ para que el sector privado contrate bajo este nuevo esquema legal”, sostuvo el instituto.
Los ingresos completan el diagnóstico: desde la aprobación de la ley, el salario privado registrado acumula una caída real de 3,7% frente al promedio de enero-noviembre de 2023, que llega al 8% si se contempla el IPC actualizado que el Gobierno no implementó a comienzos de año. En el sector público nacional, la caída real alcanza el 37,8%.