El proyecto de Reforma Laboral enviado al Congreso por el Gobierno de Milei esconde, bajo la etiqueta de «modernización», una serie de modificaciones profundamente regresivas que desdibujan la esencia del Régimen de Contrato de Trabajo (LCT). Uno de los puntos más controvertidos es el relativo a la remuneración: la ley habilita explícitamente el pago de salarios en moneda extranjera y en especie, y da un guiño directo al sector fintech al permitir utilizar billeteras virtuales, como Mercado Pago, para la acreditación de haberes. Esta medida erosiona el control sobre el salario y desata la tensión entre los bancos tradicionales y los Proveedores de Servicios de Pago (PSP).
La ley impulsa la precarización del salario al reintroducir y ampliar figuras como los «beneficios sociales» y los «componentes retributivos dinámicos», conceptos que no son remunerativos y sobre los cuales no se realizan aportes a la seguridad social, blindando un salario a la baja y reduciendo las contribuciones patronales. Además, en un claro ataque a la financiación gremial, el proyecto busca limitar la obligatoriedad de las cuotas solidarias sindicales, supeditando toda deducción al «consentimiento expreso» del trabajador, debilitando así la estructura de los sindicatos. Con la posibilidad de pagar en divisa o a través de plataformas digitales, se abre una puerta a la volatilidad e incertidumbre, haciendo que el sueldo dependa de la cotización del dólar o de la conveniencia de los sistemas digitales.