En una muestra de lo que representa la consolidación del modelo de ajuste, el Gobierno de Javier Milei busca este miércoles la media sanción de un Presupuesto 2026 que profundiza el desmantelamiento del Estado en sus áreas más sensibles. La estrategia legislativa del Ejecutivo apunta a derogar de raíz las Leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, normas que el propio mandatario intentó vetar y que el Congreso ratificó con amplias mayorías. Bajo la excusa de «sostener el equilibrio», el dictamen oficialista desvía los recursos originalmente destinados a hospitales y aulas para alimentar un superávit financiero de 2,7 billones de pesos, cuyo destino final no es otro que el pago de servicios de deuda y la baja de impuestos para los sectores más concentrados de la economía.
La maniobra contable resulta transparente en su crueldad: el ahorro fiscal derivado de quitar fondos a las universidades y a la salud pediátrica se utiliza para compensar la pérdida de recaudación por la eliminación del Impuesto PAIS y la reducción de retenciones al agro. Mientras el sistema de salud infantil pierde el marco legal que garantizaba insumos y refuerzos operativos, el presupuesto asigna una cifra astronómica de 14,1 billones de pesos al pago de la deuda pública. La oposición ha denunciado que se trata de una transferencia directa de recursos desde los sectores más vulnerables y la educación pública hacia el capital financiero y el sector agroexportador, que ha visto reducidas sus alícuotas de exportación al 0% en un contexto de supuesta falta de fondos.