La seguridad del entorno más cercano al Presidente se ha visto sacudida por un hecho que el Ejecutivo Nacional prefiere manejar con pinzas. En las últimas horas, la justicia ha iniciado una investigación tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Rodrigo Gómez, un soldado de apenas 21 años que prestaba servicios de vigilancia en la Quinta de Olivos. Si bien la causa quedó bajo la órbita de la jueza Sandra Arroyo Salgado, el trasfondo de un posible suicidio dentro del predio más custodiado del país expone una falta de políticas de contención y una presión insostenible sobre los efectivos destinados a la seguridad presidencial.
Lejos de ser un hecho aislado, la tragedia se replicó apenas dos días después en el litoral argentino. En el cuartel de Monte Caseros, Corrientes, se confirmó el hallazgo del cuerpo de Juan Javier Pereyra, un suboficial de 50 años. El patrón se repite: una muerte dentro de instalaciones militares bajo sospecha de suicidio. El hermetismo oficial es total, limitándose a comunicados administrativos que no logran ocultar la crisis interna que atraviesa el personal militar. La falta de respuestas políticas ante la pérdida de dos vidas en cumplimiento del deber, una de ellas en el propio «patio» del mandatario, genera una alarma que trasciende los tribunales federales.