El gobierno de Javier Milei profundiza su estrategia para garantizarse el aval de las provincias y avanzar con su plan de reformas estructurales. Lo que se presenta como un proceso de diálogo federal se asemeja, cada vez más, a una negociación desigual en la que la Nación intenta asegurarse apoyos a través de la distribución estratégica de fondos y beneficios.
Desde su llegada al Ministerio del Interior, Diego Santilli se ha convertido en el principal operador político del Ejecutivo, manteniendo reuniones constantes con mandatarios provinciales que reclaman mayores recursos, reactivación de la obra pública y acceso a financiamiento internacional. La Casa Rosada utiliza estas demandas como moneda de cambio para obtener votos en el Congreso.
El problema de fondo es que el Gobierno nacional parece dispuesto a conceder beneficios de manera discrecional para conseguir respaldo legislativo, dejando de lado la promesa de gestión austera y equitativa con la que llegó Milei a la Presidencia. La necesidad de asegurar mayorías ha expuesto un pragmatismo que roza la improvisación, y que empuja a las provincias a entrar en un juego político en el que la autonomía queda relegada.
Los gobernadores, conscientes de que el Presidente necesita su apoyo, reclaman que se revise el reparto de fondos y que los recursos retenidos por la Nación vuelvan a las jurisdicciones con criterios claros y previsibles. La concentración de fondos en el nivel nacional, sumada al manejo centralizado de proyectos y asistencias, ha generado tensiones que ahora afloran en cada encuentro.
Aunque el Gobierno insiste con la idea de una transformación profunda del Estado, la realidad es que parte de su estrategia se asienta en acuerdos que comprometen el federalismo fiscal y que refuerzan un esquema de dependencia política. Para avanzar con sus reformas, la Casa Rosada cede terreno y distribuye beneficios como si se tratara de una negociación permanente, en lugar de construir consensos sobre bases sólidas.