En una nueva arremetida contra las políticas del gobierno de Javier Milei, organizaciones sociales, gremiales y piqueteras anunciaron una marcha para el 26 de noviembre con destino a la Secretaría de Trabajo. Reclaman poner fin a lo que consideran un salario mínimo insuficiente que deja atrás las necesidades reales de las trabajadoras y trabajadores populares.
La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), junto a las dos CTA, el Frente Barrial y Territorios en Lucha, encabezan la convocatoria con una exigencia contundente: que el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) alcance el valor de la Canasta Básica Total para que las personas puedan “vivir con dignidad”. Su planteo no es simbólico: para estas organizaciones, el ingreso actual está muy por debajo de lo que cuesta mantener una familia.
Desde el Ministerio hicieron correr la reunión convocada bajo la Resolución 6/2025 para definir un nuevo monto del salario mínimo, junto con las prestaciones de desempleo. Pero para los manifestantes, esa mesa no basta si el Gobierno no reconoce que su cálculo está desconectado de la realidad económica de la mayoría.
Hoy, el salario mínimo oficial ronda los 322.200 pesos mensuales, una cifra congelada desde agosto, lo que ha erosionado su poder adquisitivo frente a una inflación galopante. Mientras tanto, algunas estimaciones de la canasta básica superan ampliamente ese monto mínimo, lo que evidencia la brecha que pretende cerrar este reclamo social.
A la exigencia salarial se suman otras reivindicaciones: las organizaciones piden un bono de fin de año, una actualización de los programas sociales y un reconocimiento real del trabajo socio-comunitario. No solo quieren un ingreso justo, sino que se valore formalmente su aporte.
Los líderes sociales no disimulan su descontento con la gestión oficial. Hablan de un “deterioro extremo del tejido social”, apuntando a políticas que, según ellos, han dejado más golpeados a quienes dependen del empleo informal, los comedores o las cooperativas. Ven en Milei una administración que promueve una falsa austeridad mientras deja a los sectores más vulnerables sin herramientas para sobrevivir.
También ponen sobre la mesa la problemática de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras asignaciones familiares: exigen que se actualicen y denuncian que ciertas reformas presupuestarias previstas amenazan derechos que ya estaban protegidos. Además, reclaman que programas como “Volver al Trabajo” (antes Potenciar Trabajo) se reactiven y se adapten a la realidad actual, porque hoy sus montos “no acompañan la inflación”.
Desde la UTEP defienden que hay una intención política clara: el ajuste no puede recaer siempre sobre quienes menos tienen. Por eso esta movilización no es solo un reclamo salarial, sino una advertencia. Si el Estado no rectifica, prometen que diciembre será un mes de fuertes conflictos sociales.