El gobernador Axel Kicillof avanza con firmeza en su estrategia para obtener el aval legislativo que le permita endeudarse en 2026, e incorpora en la negociación política una agenda más amplia centrada en cargos clave. Para asegurar los dos tercios necesarios en la Legislatura bonaerense, su gestión dialoga con distintos bloques opositores no solo sobre la deuda, sino también sobre la integración del directorio del Banco Provincia y las vacantes en la Suprema Corte de Justicia provincial.
Uno de los reclamos que gana fuerza en estas conversaciones es la designación de miembros para la Corte bonaerense. Hoy el máximo tribunal funciona con apenas tres de los siete magistrados previstos: el Ejecutivo y la oposición coinciden en la necesidad de completar esos espacios. En paralelo, se discute la figura del Subprocurador, otro cargo judicial vacante desde hace tiempo.
En el plano financiero, la negociación toca también el directorio del Banco Provincia, entidad clave para la gestión económica de la provincia. Algunos directores tienen mandato prorrogado, hay puestos aún vacantes y otros vencen a fin de año, lo que abre una ventana para que el Ejecutivo y la oposición redefinan su composición. Ese reparto podría facilitar el apoyo legislativo para el pedido de endeudamiento que propone Kicillof.
Desde el gobierno, se defiende que la toma de deuda es indispensable para sostener el plan de obras y afrontar obligaciones anteriores. En este sentido, se valora que el fondo de fortalecimiento para los municipios —incluido en el proyecto que acompaña la solicitud de financiamiento— destine una parte de esos recursos al desarrollo local. Kicillof y su equipo sostienen que este esquema no solo favorece al Ejecutivo sino también a las jurisdicciones comunales que lo necesitan.
Por su parte, algunos bloques opositores exigen que su respaldo al endeudamiento venga acompañado de compromisos concretos: cargos institucionales, influencias en organismos clave y seguridad de que los acuerdos se cumplirán. Desde el oficialismo aseguran que están dispuestos a responder a esas demandas, siempre en el marco de un pacto institucional que fortalezca tanto al Ejecutivo como a las entidades provinciales.
Para el gobernador, esta negociación es más que un simple intercambio de apoyos: es una demostración de madurez política. Su objetivo es construir un consenso suficiente para avanzar con responsabilidad financiera, al mismo tiempo que refuerza su estructura de gobernabilidad. Si logra cerrar ese acuerdo, no sólo obtendrá los votos que necesita para endeudarse, sino también una legitimidad más sólida para impulsar su gestión en los próximos años.