El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, cuestionó la figura del femicidio incorporada al Código Penal en 2012 y anticipó que trabaja en una reforma para modificarla. En declaraciones radiales, el funcionario la calificó como “inconstitucional” por estar prevista “solo para la mujer” y la definió como una tipificación “difusa e imprecisa”, en línea con la ofensiva cultural del Gobierno contra las políticas de género.
La figura de femicidio fue incorporada por la Ley 26.791 y agravó las penas para los homicidios cometidos contra mujeres por razones de género, con el objetivo de visibilizar la violencia extrema y dar una respuesta penal específica a un fenómeno persistente. Sin embargo, Cúneo Libarona sostuvo que su propuesta debería contemplar también casos de varones, planteando la incorporación de categorías como “hombricidio y femicidio” para “garantizar proporcionalidad y equidad”.
En ese marco, el ministro intentó desactivar el impacto político del anuncio al afirmar que “no va a pasar” que se liberen condenados si se cambia la figura, y prometió que se le daría “otra forma” para que, según él, sea “justa y proporcional para todos”.
La discusión no es solo técnica: detrás del argumento de “igualdad ante la ley”, el Gobierno empuja un cambio que, para buena parte de los organismos y sectores especializados, corre el foco del punto central: el femicidio no es “un privilegio”, sino el reconocimiento penal de una violencia específica y sistemática que afecta mayoritariamente a mujeres en contextos de sometimiento, control o desprecio por razones de género.