Durante una tensa jornada frente al Ministerio de Salud, la Policía Federal avanzó con escudos sobre manifestantes pacíficos que solo exigían el fin de los recortes y la regularización de pagos a prestadores, una situación que la Justicia ya ha ordenado subsanar tras los reiterados intentos del Ejecutivo por desfinanciar el área. El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad denunció que, pese a la vigencia de la normativa tras el veto fallido del presidente, la burocracia estatal sigue operando como una barrera que impide una vida digna para miles de argentinos.
La movilización expuso la brecha insalvable entre el discurso presidencial y la realidad de los sectores más vulnerables. Mientras el coordinador del Foro, Pablo Molero, cuestionó mediante una carta pública la omisión total de la discapacidad en las recientes palabras del mandatario ante el Congreso, en la esquina de Moreno y Bernardo de Irigoyen se vivían momentos de angustia por el amedrentamiento policial. La desidia gubernamental no se limita al silencio discursivo, sino que se traduce en medidas concretas que han desprestigiado al sector y han puesto en jaque los apoyos fundamentales para la inclusión. Las autoridades nacionales persisten en una estrategia de ahogo financiero que mantiene los aranceles de salud por debajo de la inflación acumulada, castigando tanto a los beneficiarios de pensiones como a quienes sostienen el sistema de cuidados.