El Ministerio de Transportes quedó en la mira del Congreso y su titular tendrá que dar explicaciones cara a cara: la bancada del Buen Gobierno impulsó su citación para que rinda cuentas del nuevo régimen que reduce las multas de tránsito hasta en un 90 por ciento. La convocatoria la motorizó el diputado Luis Quispe Candia, y el solo hecho de que un ministro deba presentarse ante el Parlamento ya desnuda la lógica de fondo del modelo: bajo el argumento de «ordenar» y «simplificar», la gestión afloja el castigo justo donde más se necesitaba firmeza.
La denuncia del sector opositor es concreta y no admite vuelta: el nuevo esquema podría beneficiar a los infractores más graves, los que conducen en estado de ebriedad o provocan accidentes de tránsito. No se trata de un detalle técnico ni de un matiz reglamentario: es el corazón del problema. El dato contrasta de frente con el relato oficial, que presenta cada medida como un gesto a favor del ciudadano. Acá no hay «recuperación» ni orden: hay un abaratamiento de la falta que premia la conducta temeraria, le traslada el costo a las víctimas y al conjunto de la sociedad, y convierte la seguridad vial en una variable de ajuste más.
La lectura política es inevitable. Detrás de la rebaja del 90 por ciento no asoma una política de seguridad vial sino una decisión de fondo del modelo: la norma se vuelve optativa para quien puede ignorarla, y el Estado renuncia a su rol de control para disfrazar de «alivio» lo que en verdad es vaciamiento. El mismo patrón se repite en otros frentes del Ejecutivo: se promociona la simplificación mientras se desarma el aparato de sanción, y se le vende al consumo popular la idea de que menos Estado es sinónimo de más libertad. Mientras tanto, el Congreso tiene que citar a un ministro para que rinda cuentas de una medida que nadie pidió y que no se sostiene con datos.
La proyección es la que advierte el propio Quispe Candia: si el régimen queda firme, las rutas quedarán más desprotegidas y los accidentes con responsables alcoholizados seguirán cobrándose víctimas sin consecuencias a la altura. La pregunta de fondo no es técnica sino política: a quién beneficia una flexibilización que afloja el castigo justo donde más duele. El Congreso tiene ahora la palabra, y el ministro la obligación de explicar por qué la «simplificación» de su cartera termina premiando a quienes menos tendrían que ser premiados.