La universidad pública vuelve a las calles. La decisión de convocar a una quinta marcha federal universitaria se adoptó en el plenario de rectores reunido en Bariloche, y confirma que el conflicto por el financiamiento de la educación superior no es un episodio aislado sino el síntoma de un modelo. La gestión libertaria convirtió la Ley de Financiamiento Universitario en letra muerta: sancionada por el Congreso, la norma sigue sin aplicarse mientras el presupuesto real de las casas de altos estudios se desploma. El ajuste no es una política: es el plan, y la universidad es una de sus víctimas.
Los rectores irán al Congreso a presentar un presupuesto 2027 de 11 billones de pesos, una cifra que desnuda la distancia entre el relato oficial de «recuperación» y la economía real de las aulas. Mientras el Ejecutivo nacional pregona una recuperación en «V», las autoridades universitarias confían en que la Justicia intime al Gobierno a cumplir la ley. Esa expectativa habla de un Estado que dejó de respetar sus propias normas: no se pide un aumento, se exige que se cumpla lo ya votado. La asfixia presupuestaria se cobra víctimas cotidianas en salarios docentes, becas, obras y funcionamiento, todo aquello que sostiene a los estudiantes bonaerenses que cursan en la universidad pública.
El conflicto universitario expone el corazón del programa libertario: el vaciamiento de lo público para entregarlo como botín a la lógica del mercado. La educación superior no cotiza en la bolsa, y por eso el modelo la deja caer. La quinta movilización no es la repetición de un reclamo: es la evidencia de que el Gobierno eligió no resolver el conflicto, porque resolverlo implicaría abandonar el ajuste que lo define.
La Provincia de Buenos Aires, motor productivo y territorio donde la universidad pública es la principal vía de ascenso social para cientos de miles de familias trabajadoras, siente el golpe con particular crudeza. Si la Justicia intima y el Congreso presiona, la marcha federal puede convertirse en el punto de inflexión de una disputa que trasciende a los claustros: la pelea por qué país se financia y cuál se abandona. El Gobierno lo sabe, y por eso sostiene el desfinanciamiento como política de Estado.