El plan de ajuste económico arrasa con el comercio pyme. El sector panadero denuncia la pérdida de 17.000 puestos de trabajo y el nulo auxilio estatal frente a la suba de los insumos y la energía.
El drástico plan de ajuste fiscal e industrial implementado por el gobierno de Javier Milei continúa cobrándose víctimas en el entramado comercial del país. Desde el inicio de la gestión libertaria, se ha constatado la clausura definitiva de 2.850 panaderías en todo el territorio nacional, un dato que expone la velocidad del desmoronamiento de la economía real. La asfixia que sufren las pymes panaderas es la consecuencia lógica de un modelo macroeconómico que combina la desregulación de las tarifas de los servicios públicos con el desplome inducido de los ingresos familiares.
Los representantes de la Federación de Panaderos cuestionan fuertemente la pasividad oficial y la ausencia de políticas destinadas a sostener el empleo y el consumo de productos esenciales. Con 17.000 puestos laborales perdidos en el sector y un consumo de pan que se desplomó un 60%, el «tobogán» recesivo en el que se encuentra la actividad privada expone el fracaso del relato de recuperación en «V» que pregona el Ministerio de Economía. Lejos de reactivarse, los comercios locales se hunden bajo el peso del aumento del gas, la luz y las materias primas importadas.
La crisis que atraviesa la industria del pan desnuda la profundidad del impacto social de las políticas oficiales. Mientras el Ejecutivo nacional se enfoca en variables financieras distantes del día a día, el alimento más básico de la dieta local sufre un proceso de restricción sin precedentes. La falta de respuesta estatal ante la destrucción del empleo pyme y el empobrecimiento generalizado consolida un escenario de exclusión donde ni siquiera el pan de cada día está garantizado en las mesas argentinas.