En medio de un contexto de retroceso en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, el último miércoles se conoció un dictamen judicial trascendental en Mendoza: la imputación formal de 17 ex militares y ex policías por crímenes de lesa humanidad cometidos contra casi 60 niños, niñas y adolescentes. El juicio, motorizado por la decisión colectiva de las víctimas, entre ellas Ángela Urondo, hija de desaparecidos, rompe con la narrativa que reducía los delitos de la dictadura a «hechos colaterales» al secuestro de adultos, demostrando un patrón sistemático de violencia directa contra la infancia.
La fecha de la imputación es una ironía política: coincide con los dos años de gobierno de Javier Milei, una administración que ha utilizado su plataforma para cuestionar y deslegitimar los crímenes del terrorismo de Estado. Los delitos imputados son aberrantes: secuestros, abandonos forzados y torturas psicológicas ejercidas sobre menores de edad, como el cautiverio en el Departamento de Informaciones Policiales (D-2) y la Casa Cuna. Este avance judicial, que logra dar entidad y voz a las niñas que fueron silenciadas, se enfrenta a un clima de desánimo y frustración que han marcado otros juicios recientes, como la absolución de los acusados por los crímenes de Villa Constitución, lo que recalca la urgencia de defender estos procesos.