Lo que el Gobierno de la Ciudad presenta como un éxito administrativo, para el barrio de Parque Avellaneda representa un retroceso social y ecológico sin precedentes. El cierre forzoso de la planta en Tandil y Olivera arroja a la incertidumbre laboral a 200 recuperadores urbanos y técnicos que sostenían una de las pocas políticas ambientales efectivas de la Capital. Con este operativo, el GCABA no solo destruye fuentes de ingresos en un contexto económico crítico, sino que clausura el único circuito de reciclado textil del distrito, responsable de procesar 25 toneladas de retazos de tela cada mes que, a partir de ahora, terminarán en rellenos sanitarios o basurales a cielo abierto.
Desde la cooperativa denunciaron que el canal de comunicación para resolver problemas logísticos con el tránsito de camiones —una demanda de los vecinos que los trabajadores estaban dispuestos a subsanar— fue bloqueado por las autoridades para justificar el desalojo. La pérdida de este espacio productivo profundiza el vaciamiento de la gestión de residuos: sin este centro y con el de Barracas aún en cenizas por negligencia estatal, la Ciudad de Buenos Aires se encamina a un colapso en su matriz de recuperación de materiales, priorizando el «orden» visual de un predio vacío sobre el derecho al trabajo y la protección del ecosistema urbano.