A pocos días del regreso pleno de la actividad legislativa, la reforma laboral impulsada por Javier Milei quedó envuelta en un clima de creciente incertidumbre. Aunque el Gobierno apostaba a un trámite veloz para aprobarla antes del 1 de marzo, aliados clave como el PRO y el MID comenzaron a marcar distancia y a cuestionar el apuro oficial, lo que pone en riesgo una iniciativa central del programa libertario.
Desde el espacio que conduce Cristian Ritondo advirtieron que “este tipo de cambios no se pueden abordar de manera apresurada” y reclamaron un análisis artículo por artículo. La advertencia no es menor: el oficialismo contaba con esos votos para acercarse al quórum y blindar la sanción. La postura del macrismo deja en claro que, esta vez, no habrá cheque en blanco para una reforma que impacta de lleno en derechos laborales y en la estructura del mercado de trabajo.
En la misma línea, el diputado Oscar Zago, habitual aliado del Gobierno, fue todavía más contundente. Cuestionó la forma en que se está discutiendo el proyecto y puso en duda el acompañamiento de su bloque: “Una reforma laboral no se puede hacer de la noche a la mañana. Esto no se puede tratar al recinto a las patadas”, lanzó. Sus declaraciones exponen la fragilidad del armado político de La Libertad Avanza y la falta de una estrategia de consenso mínima.
Con el texto ya dictaminado y un debate que arrancaría en el Senado, Diputados quedaría como cámara revisora, con escaso margen para introducir cambios. Ese diseño institucional, sumado al apuro oficial y a las críticas empresariales y sindicales, alimenta la desconfianza incluso entre quienes hasta hace poco respaldaban la “modernización laboral”. Para el Gobierno, la señal es inquietante: sin diálogo real ni construcción de acuerdos, la reforma estrella corre el riesgo de convertirse en otro proyecto empantanado.