La tensión laboral en el cordón industrial del norte bonaerense escaló este martes a niveles críticos. En un operativo que los delegados calificaron como «persecutorio», la empresa Lustramax SRL notificó el despido de 22 empleados mediante escribanos y presencia policial, violando las restricciones vigentes por su propio pedido de Proceso Preventivo de Crisis. Según denunció Leandro Delgado, trabajador afectado, la apoderada de la firma irrumpió en una reunión gremial con fuerzas de seguridad para disuadir el reclamo, una maniobra que evidencia la decisión del sector privado de clausurar cualquier vía de negociación ante la pasividad de los organismos de control estatales.
La maniobra empresaria resulta difícil de justificar en los papeles: la compañía declaró ganancias superiores a los $16 mil millones en el último trienio, lo que desmonta el argumento de una quiebra inminente. Desde el sector gremial denuncian que los despidos no son una necesidad económica, sino una represalia política por las exigencias de pagos adeudados de aguinaldos, bonos y aportes a la obra social. Con el diálogo cortado unilateralmente por la patronal, el conflicto amenaza con nacionalizarse ante la vulneración de los derechos colectivos básicos.