Pese a la promesa de estabilización, el Gobierno Nacional ha optado por una maniobra de ajuste crudo y desmedido para el próximo año, disponiendo la eliminación total de los subsidios a la luz y el gas para millones de hogares. La decisión, adoptada tras el apoyo electoral de octubre, no apunta a la corrección de ineficiencias sino a una recaudación desesperada, sustituyendo la actual clasificación N1, N2 y N3 por solo dos grupos: subsidiados y no subsidiados. El método elegido para 2026 es un sendero de subas mensuales, continuas e inflexibles, que replica la política inflacionaria aplicada durante 2025 y que carece de respaldo técnico en los costos reales de generación.
Expertos advierten que, lejos de ser una solución, el objetivo de obligar a casi todos los usuarios a pagar la tarifa plena para diciembre de 2026 solo servirá para maquillar la meta fiscal a costa de una presión alcista permanente sobre los precios. El gobierno de Javier Milei prioriza el superávit inmediato, pero las proyecciones indican que los miles de millones «ahorrados» en subsidios no se reinvertirán, sino que se destinarán a cumplir con las exigencias del FMI y a engrosar la caja para futuras colocaciones de deuda, beneficiando al sector financiero por sobre el productivo. Este nuevo shock se monta sobre aumentos ya hiperbólicos: el gas se disparó un 748% y la electricidad un 263% entre diciembre de 2023 y fines de 2025, según datos de la UBA. La medida solo asegura más inflación y menos consumo.