La «industria del juicio» que Javier Milei prometió desmantelar terminó convirtiéndose en la prueba más contundente del fracaso de su modelo. En los primeros siete meses del año se acumularon 72.525 nuevas demandas laborales contra el sistema de riesgos del trabajo, y la proyección para todo 2026 supera las 137.000 causas, un fuerte aumento respecto de 2025, cuando la litigiosidad ya había marcado un récord de 134.141. Lejos de la «recuperación en V» que pregona el Ejecutivo nacional, la economía real sigue cobrándose víctimas y el derrumbe del poder adquisitivo empuja a los trabajadores a los tribunales.
El dato desnuda la asfixia que atraviesa a las familias trabajadoras y dinamita el corazón de la reforma de riesgos del trabajo que impulsó la gestión libertaria: en lugar de achicar el conflicto, la desprotección lo multiplica. Santa Fe lidera la suba de la litigiosidad, por encima de la Ciudad de Buenos Aires, y convierte a la provincia gobernada por Maximiliano Pullaro —aliado incondicional de la Casa Rosada— en el nuevo epicentro de la conflictividad. El vaciamiento de las coberturas y la precarización no frenan los juicios: los alimentan.
Para la Provincia de Buenos Aires, motor productivo golpeado por la Nación, el panorama es todavía más crudo. El ajuste permanente sobre los ingresos populares y la caída del consumo popular recaen sobre un aparato productivo que paga los costos de una política que no le pertenece. Cada demanda es la constatación de que el «botín» del ajuste se reparte arriba mientras abajo se acumulan las causas, las deudas y la desprotección.
La promesa oficial de una litigiosidad a la baja se desmorona frente a los números: más juicios, más incertidumbre y más trabajadores sin red. Mientras el relato insiste en que la economía se recupera, la economía real responde en los juzgados y desnuda, una vez más, el costo social de un modelo que solo sabe ajustar.